Fedea advierte que crear una agencia tributaria en Cataluña podría obstaculizar la lucha contra el fraude y afectar la recaudación fiscal.

El pacto de financiación especial para Cataluña, firmado entre el PSC y ERC, para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, contemplaba la creación de una Agencia Tributaria propia de Cataluña, encargada de recaudar la totalidad de los impuestos y después transferir al Estado central aquellos que le correspondiesen. Este acuerdo representaría un retroceso con respecto a la orientación marcada por la Unión Europea y no se ajusta a lo que establece la Constitución, según un informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y redactado por el experto fiscal Alberto García Valera, socio responsable de política tributaria en la firma Ernst & Young —autora del documento—. Este analista, quien fue director general de Tributos del Ministerio de Hacienda, sostiene que la cesión “no solo carece de justificación en el propio artículo 149” de la Constitución “sino que, además, objetivamente, disminuye la eficiencia” de la labor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Según su criterio, de materializarse el acuerdo, esto conllevaría un aumento de los costos de gestión, un impacto negativo en la recaudación y “graves daños en la lucha contra el fraude fiscal, socavando principios fundamentales en la gestión de impuestos”. “Deberíamos tener una visión amplia y preguntarnos qué ganarían los ciudadanos o las empresas con esta fragmentación. Y la respuesta es que nada”, concluye el experto.

El autor, que fue durante unas semanas consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía con el PP, pone en relieve que el impacto de la financiación singular para Cataluña se vincula principalmente a que esta comunidad supone casi un 20% del Producto Interior Bruto español y más del 16% del total de contribuyentes que se relacionan con la Administración Tributaria. Asegura que lo anunciado hasta la fecha “podría suponer un cambio de modelo de Estado”. “Nos llevaría hacia un sistema federal, que podría tener serios riesgos en términos de equidad y cohesión territorial y desde luego elevados costes de eficiencia”, añade. Además de comprometer la labor de asistencia a los contribuyentes, “que se verán perjudicados por el incremento de la carga fiscal indirecta y les supondrá tener que relacionarse con una administración tributaria más” con, presumiblemente, “sus propios requerimientos normativos”.

Para García Valera, esta senda es contraria no solo al camino que señala Bruselas, sino también al de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que sostienen que “para conseguir una mayor eficacia en la gestión del sistema tributario, se debería lograr una mayor integración y coordinación de todas las Administraciones Tributarias”. “Perderíamos en la aplicación de las mejores prácticas que permiten las economías de escala”, afirma en este sentido.